jueves, 18 de abril de 2013

¿Y mis derechos dónde quedan?


El nueve de marzo nos sorprendían diversos titulares, entre ellos el del periódico El Diario con la llamativa noticia de que se había negado la nacionalidad a un senegalés que llevaba 10 años en España por no saberse el nombre de la esposa del presidente del gobierno. Y así es, el recurso que Magou Ndoye ha planteado ha sido aceptado a trámite por la Audiencia Nacional. 



¿Por qué el nombre de la mujer del presidente determina si un hombre está plenamente integrado dentro de la sociedad española? No hay respuesta para ello, ya que dependerá del juez del Registro Civil el establecer cuáles son los requisitos para adquirir la nacionalidad.

Como apuntaba Ismael Serrano en twitter, hay los que tampoco hubiésemos adquirido la nacionalidad:





Graciela ha pasado de pagar 60€ a 1600€ mensuales en medicinas para tratar su cáncer ¿El motivo? Es argentina y se encuentra en España en situación irregular; le ha afectado el Real Decreto ley 16 / 2012 que excluye del Sistema Nacional de Salud a todos los inmigrantes en situación irregular, con excepción de las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y las atenciones en urgencias.



El Diario se ha hecho eco de la campaña de la ONG Médicos del Mundo que denuncia en el documental Cuánto ganamos, cuánto perdimos: crónica de la exclusión sanitaria en España la situación de desamparo que viven estos ciudadanos "ilegales".


Ya intentaron frenar la llega de este Real Decreto ley con la campaña Derecho a curar, no fueron escuchados.




Robertulio Caicedo ha estado a punto de ser deportado a Colombia después de permanecer más de un mes en el CIE de Aluche, en Madrid. ¿Su delito? Ser detenido durante una redada en busca de inmigrantes sin papeles en una discoteca "latina" en León mientras se tomaba una copa con un amigo y carecer de los papeles. ¿Por qué se queda? su hijo tiene nacionalidad española, por lo que los intereses del menor han primado sobre la deportación. Aclarar que Robertulio no estaba cometiendo ningún delito, ya que carecer de los papeles o no tenerlos en regla es tan solo una infracción administrativa.



La organización Pueblos Unidos ha presentado su último informe anual sobre los CIE, Atrapados tras las rejas, en el que denuncia la indefensión que sufren los inmigrantes dentro de los CIE; y como estos siguen teniendo las mismas quejas y continúan careciendo de una normativa de funcionamiento, exactamente igual que los años anteriores. (El Diario)

Si Robertulio hubiese sido expulsado seguramente hubiese sido como narra Fernando a 20 Minutos. En un "vuelo macro", únicamente con inmigrantes expulsados, o en uno comercial; en todo caso pagado con los 11,6 millones de euros que Interior ha destinado a vuelos para expulsiones durante este año.

Tal y como nos describe Fernando, estos vuelos se realizan con escasas garantías legales y de seguridad para los agentes y su fin no está cerca; porque según denuncia el SUP continúan las identificaciones indiscriminadas en la calle. ¿Pero cuántos de estos extranjeros identificados infringían la ley orgánica 1/1992? Es decir, fueron identificados para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción administrativa.

Me temo que, como queda reflejado en la entrada, no soy precisamente imparcial con estos temas; me pregunto hasta qué punto seremos capaces de distanciarnos de nuestros convecinos "ilegales", y si la sociedad será capaz de verlos como meros números, cifras que no cuadran en los cálculos estatales y que por ello deben ser eliminados. Para mi queda demostrado que el Estado ya ha sido capaz.
Os dejo el enlace de una ciberacción de Amnistía Internacional a favor del no internamiento de inmigrantes en CIEs, por si alguno desea firmar.

Adrián García Díaz

Grupo A1

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